Trabajadores del Centro Público de Formación para el Empleo de Cartuja han denunciado la falta de respeto de la Delegación de Empleo por su personal, que tras un largo proceso judicial ha tenido que llevar a los tribunales a la Administración autonómica para que éstos estimen que ha existido una modificación sustancial de las condiciones laborales de su plantilla, unos nueve trabajadores empleados como personal fijo discontinuo a los que la Delegación modificó sin negociación previa sus horarios. De momento existen dos sentencias al respecto, ambas favorables.

Desde febrero de este año el grupo de trabajadores que denunció la imposición de condiciones de trabajo ha obtenido sentencias judiciales favorables que reconocen los hechos y le dan la razón, estimando íntegramente la demanda y declarándose por parte del juez la nulidad de la modificación de condiciones de trabajo y, por tanto, declarando no válido el incremento no negociado de horas lectivas y la reducción de la duración de los llamamientos de los trabajadores.

Estos hechos, según Comisiones Obreras (CC.OO.) Granada, no solo afectan al personal docente sino a la calidad de la formación impartida a los alumnos de este centro público. Así las cosas, "tras un largo proceso judicial, el tribunal confirmó lo que se venía señalando: sí existió modificación sustancial de contrato y abuso de poder por defecto de forma".

Pese al fallo judicial favorable, el personal ha denunciado que no se han ejecutado plenamente las medidas ordenadas. En palabras del personal, “ganamos en los tribunales, pero seguimos perdiendo en la realidad”. Y es que más allá de lo jurídico y ético, ha manifestado CC.OO., las consecuencias han sido profundas: deterioro en la salud mental, estigmatización dentro del entorno laboral y daños económicos prolongados al no solucionar sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que considera de superior categoría su trabajo habitual, etcétera. El grupo sostiene que el reconocimiento judicial no ha sido suficiente para restituir su dignidad ni para asegurar un entorno laboral seguro.

Por todo ello, los trabajadores han hecho una llamada pública para la ejecución inmediata e íntegra de todas las sentencias sin excusas, la implementación de protocolos reales contra los riesgos psicosociales, garantías de no repetición y transparencia en la rendición de cuentas. “Una sentencia no puede quedar en papel mojado”, han advertido.