La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y la Fiscalía Superior de Andalucía han celebrado hoy en Granda la última reunión en esta legislatura de la Comisión Mixta entre ambas instituciones, en la que entre otros asuntos del orden del día se ha abordado un nuevo protocolo, que incluye también al Tribunal Superior de Justicia en Andalucía (TSJA), para agilizar las órdenes judiciales para la devolución o destrucción de los vehículos y embarcaciones intervenidas por orden judicial y evitar su acumulación y deterioro en los depósitos judiciales; así como la implantación del modelo de Oficina Fiscal en la Fiscalía Superior de Andalucía, con lo que se culmina el despliegue de esta estructura en todas las fiscalías de la comunidad, entre otros asuntos.

En la reunión, presidida por la Fiscal Superior, Ana Tárrago junto con el consejero José Antonio Nieto, se ha tratado la colaboración entre la Consejería, el TSJA y el Ministerio Público para agilizar las decisiones judiciales sobre los vehículos, aeronaves o embarcaciones intervenidas, con el fin de optimizar los depósitos judiciales que gestiona la Consejería y evitar la acumulación y deterioro de las piezas intervenidas.

El objetivo es firmar un protocolo a tres bandas para agilizar las órdenes judiciales para su traslado temporal a los depósitos con los que cuenta la Junta, repartidos en varias provincias para cubrir todo el territorio, garantizando así su efectiva guarda y control. Pero también que, una vez realizadas las pruebas necesarias para el procedimiento, los jueces resuelvan lo antes posible su devolución o destrucción.

El documento establece las pautas a seguir ante la incautación de este tipo de bienes por cada una de las partes y crea una Comisión de Seguimiento en cada una de las provincias formada por representantes de las tres partes, que se reunirá con carácter semestral para comprobar el adecuado cumplimiento del protocolo.

Asimismo, en la reunión se ha abordado la culminación del nuevo modelo de oficina fiscal en Andalucía con la implantación de este nuevo modelo de estructura en la Fiscalía Superior, que era la única que restaba. El consejero ha informado de que el pasado 1 de abril se publicó en BOJA la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de esta Oficina Fiscal que incorpora la creación de una plaza más del Cuerpo de Tramitación Procesal que era necesaria para reforzar la plantilla de funcionarios y en los próximos días se convocará el concurso específico para cubrirla.

Se trata de un modelo organizativo diseñado para ofrecer una justicia más ágil, eficiente y cercana que se implantó de forma piloto en 2018 en las Fiscalías de Sevilla y Dos Hermanas y se fue extendiendo progresivamente al resto a partir de 2023. Con su implantación en la Fiscalía Superior se completa así el despliegue de la Oficina Fiscal en toda Andalucía.

Durante la Comisión Mixta también se han abordado otros asuntos que afectan al personal funcionario del Ministerio Público como la reciente publicación en el BOJA de la creación de un total de nueve plazas en las Fiscalías Provinciales de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Algeciras, Marbella y Motril, donde el Ministerio de Justicia ha incrementado la plantilla de fiscales ante la ampliación de las competencias de la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer, que con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025 han asumido los delitos sexuales.

También se ha analizado la evolución de la virtualización de puestos de trabajo en la Fiscalía que ya alcanza casi al 50% de las plazas previstas. En materia de digitalización, los responsables de la Consejería y la Fiscalía han evaluado la progresiva interconexión entre los sistemas de gestión procesal de los juzgados (@driano) y el Ministerio Público (Fortuny) para avanzar en la implantación total del Expediente Judicial Electrónica.

Por último, desde la Consejería se ha trasladado el informe anual de 2025 del Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA) que funciona desde mayo de 2024 y que se ha ido consolidando. Así, los juzgados penales andaluces han pasado de derivar al SEMPA una media de 191 asuntos al mes el primer año a 478 asuntos mensuales de media durante 2025. El número de acuerdos logrados ha pasado de 593 en 2024 a 2.638 en 2025 si bien hasta el 31 de marzo de este año ya son más de 4.000 los juicios penales evitados gracias a la mediación realizada por los profesionales del SEMPA desde su puesta en marcha.