El parlamentario del Partido Popular (PP) de Granada, Fernando Egea, ha reclamado al Gobierno de España una ampliación urgente de los plazos de ejecución de las ayudas para la mejora y dinamización del patrimonio histórico de uso turístico “ante el riesgo real de que los ayuntamientos granadinos no puedan cumplir los plazos impuestos por el Ministerio de Turismo”.

Así, ha señalado que “los municipios están haciendo un esfuerzo enorme para sacar adelante proyectos muy complejos, pero el retraso acumulado del propio Ministerio hace imposible que puedan ejecutarlos en las actuales condiciones”. Ha añadido que a esta situación “se suma ahora el efecto de las intensas lluvias de los últimos meses, que han ralentizado aún más el avance de las obras y hacen inviable cumplir un plazo tan limitado”.

“La Orden que regula estas subvenciones se aprobó en diciembre de 2022 y el Ministerio debía resolver en seis meses”, ha recordado Egea. Sin embargo, “la Secretaría de Estado de Turismo se concedió a sí misma una prórroga alegando falta de medios y aun así volvió a incumplir los plazos”, de modo que la resolución provisional no llegó hasta julio de 2024 y la definitiva se publicó el 19 de diciembre de ese mismo año. “Dos años para resolver una convocatoria que exige a los ayuntamientos ejecutar obras de enorme complejidad en apenas quince meses es una irresponsabilidad que pone en riesgo millones de euros”, ha afirmado.

En este sentido, ha advertido de que “esta situación afecta especialmente a municipios pequeños que no cuentan con estructuras administrativas suficientes y que ahora se enfrentan al riesgo de perder la financiación por una responsabilidad que compete al Gobierno”, subrayando que “si no alcanzan el 60% de ejecución no solo perderán la ayuda sino que tendrán que asumir con fondos propios las obras ya iniciadas, algo inasumible para ayuntamientos con presupuestos muy limitados”.

El parlamentario andaluz ha destacado que Granada es la provincia con más proyectos en marcha, con actuaciones que suman diecisiete millones de euros y que afectan a bienes tan relevantes como la alcazaba de Loja, el palacio de los Enríquez en Baza, la villa romana de Salar, los baños árabes de Cogollos Vega, la villa fortificada de Montefrío o la Casa Penalva de Huéscar, “intervenciones de enorme valor histórico y turístico que no pueden ejecutarse con prisas ni bajo la amenaza de perder la financiación por culpa del Gobierno”.

Asimismo, ha destacado que la Junta de Andalucía sí ha cumplido con su parte, resolviendo en tiempo récord los trámites de Patrimonio y asesorando a los ayuntamientos desde el primer momento. Ha asegurado que “la Junta ha demostrado diligencia y compromiso, mientras que el Ministerio ha generado un cuello de botella que ahora pretende trasladar a los municipios”.

Igualmente, ha reclamado al Gobierno que modifique la Orden y amplíe los plazos de ejecución al menos hasta el 30 de septiembre. Ha insistido en que “el plazo actual, incluso con la prórroga hasta el 31 de mayo, es totalmente insuficiente, más aún tras las lluvias que han paralizado trabajos durante semanas”, añadiendo que “lo razonable sería permitir que estas obras puedan finalizarse durante el verano e incluso extender el plazo hasta septiembre, como ya han hecho otros ministerios con fondos europeos similares”.

“No se puede castigar a los ayuntamientos por retrasos que son exclusivamente responsabilidad del Gobierno de España, que debe actuar con urgencia para evitar un daño irreparable al patrimonio y al turismo de Granada”, ha concluido Egea.