La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha anunciado la ampliación hasta los veinticinco años de la prestación económica dirigidas a los hijos e hijas de mujeres víctimas mortales de la violencia de género. Desde la creación de este nuevo derecho, que se aplicó con carácter retroactivo, se han concedido treinta y siete ayudas en Andalucía.

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, que ha presentado la medida junto a la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer, Teresa Illescas, ha subrayado que "ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que por primera vez crea en noviembre de 2023 este derecho en Andalucía a través de una prestación económica de 5.000 euros para estos niños o niñas hasta los dieciocho años. Y, ahora, damos un paso más en nuestro compromiso con las víctimas de violencia de género ampliando esta ayuda hasta los veinticinco años". A este respecto, ha lamentado que "en treinta y siete años de gobiernos socialistas jamás se hubiera aprobado esta prestación".

Asimismo, ha explicado que "el Gobierno andaluz ha adoptado esta importante medida siendo plenamente consciente del trauma y dolor que supone para las hijas e hijos el asesinato de su madre a manos de su pareja o expareja. A este dolor se suma el cambio radical de vida al que se tienen que enfrentar, en muchas ocasiones en una situación de vulnerabilidad socioeconómica".

Ortiz ha incidido en que "la decisión de ampliar esta prestación forma parte de la determinación del Gobierno andaluz por mejorar la atención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género, así como prevenir y combatir esta lacra desde la unidad de toda la sociedad".

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer ha avanzado que "desde noviembre de 2023 se han concedido treinta y siete prestaciones económicas en Andalucía, destinadas a veinte niñas y diecisiete niños. Las personas beneficiarias tienen entre tres y diecisiete años. Y tres de estas ayudas se han concedido en la provincia de Granada".

Esta prestación económica está dirigida a los hijos e hijas de hasta veinticinco años que en el momento del asesinato su madre residía en Andalucía o bien que sus hijos e hijas residían en la comunidad en el momento del asesinato. Para el cobro de la ayuda, deben de tener menos de veinticinco años en el momento de realizar la solicitud independientemente de que el asesinato se haya producido antes de la entrada en vigor del decreto ley. A este respecto, Illescas ha aclarado que "esta ayuda es compatible y complementaria con cualquier otra ayuda pública o privada que se perciba por el mismo motivo".

La prestación, de 5.000 euros anuales, se concede previa solicitud independientemente de la renta familiar, se hace efectiva en un solo pago anual una vez se dicte resolución y hasta que alcance los veinticinco años. La ayuda se actualiza con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo cual en 2025 la ayuda asciende a 5.140 euros.