La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública facilita a los menores infractores el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad que imponen los jueces, tales como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas en servicios municipales y entidades sociales. Actualmente hay firmados setenta y cinco convenios con ayuntamientos de la provincia. Durante este año 2025 se han firmado doce nuevos convenios con los consistorios de Loja, Padul, Motril (renovación), Pedro Martínez, Alhama de Granada, Fuente Vaqueros, Pinos Puente, Alfacar, Montejicar, Cogollos Vega, Nivar y Villanueva de Mesía. Además se ha llevado a cabo la firma de siete convenios con entidades sin ánimo de lucro (Ciudad de los Niños y Almanjayar en Familia (ALFA), Fundación Calor y Café, Cáritas Diocesana de Granada y Cáritas Diocesana de Guadix-Baza, Afemagra y Vale).

El perfil de los menores que cumplen medidas de medio abierto es el de varones (81,5%), españoles (90,2%) de entre dieciséis y diecisiete años (51,2%). De las 4.681 medidas de medio abierto dictadas el año pasado en Andalucía, 511 se llevaron a cabo en Granada.

Entre las actividades realizadas por los menores durante el primer semestre de 2025 puede reseñarse el reparto de alimentos; auxiliar de clases de español para inmigrantes; apoyo educativo y refuerzo escolar, auxiliar de ocio y tiempo libre; apoyo a la limpieza y mantenimiento de espacios públicos; mantenimiento de polideportivo; jardinería en espacios públicos; auxiliar en ludoteca municipal, etcétera.

Además, el Centro de Internamiento (CIMI) Genil, dedicado a la reinserción de menores infractores de Andalucía, cede gratuitamente al Ayuntamiento de Granada las plantas cultivadas en su vivero para que sean replantadas en los distintos parques, jardines y zonas verdes de la ciudad

La Junta de Andalucía tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto. La Ley del Menor, que el pasado enero cumplió veinticinco años, otorga a la Administración competente en Justicia Juvenil la posibilidad de realizar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.

Entre las medidas de medio abierto que pueden fijar los jueces están la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, que, según ha destacado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, "persiguen la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto mediante actuaciones reparadoras a la sociedad".

Durante 2024 se ejecutaron en Andalucía quinientas sesenta y siete medidas de medio abierto consistentes en tareas socioeducativas y trescientas veintiuna relativas a prestaciones en beneficio de la comunidad impuestas por los jueces. En ningún caso estas tareas realizadas por los menores infractores son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo.

Además, los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada, que son las que más imponen los jueces de Menores (1.875 durante el año pasado).

Los equipos provinciales del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA), dependientes de las delegaciones territoriales, se encargan de hacer un seguimiento del cumplimiento de las medidas y remitir informes a los jueces, notificaciones y comunicaciones "que ya pueden realizar de manera telemática gracias a la implantación de la herramienta PRISMA que supone la existencia de un único expediente digital de cada menor", ha recordado Nieto.