La Junta de Andalucía equiparará a partir de este año y de forma progresiva los permisos por maternidad y paternidad del personal del sector público andaluz, de forma que el otro progenitor disfrutará de un permiso retribuido e intransferible de 5 semanas en 2018, que llegará a 10 semanas en 2019 y a 20 semanas en 2020. En torno a 4.000 progenitores se pueden beneficiar anualmente de esta medida.

Esta equiparación, con la que Andalucía cuadruplica el permiso estatal y se sitúa a la cabeza de España en esta materia, forma parte del acuerdo para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público 2018-2020, que ha sido suscrito por la Junta con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, en un acto que ha estado presidido por la presidenta, Susana Díaz.

El acuerdo marco, alcanzado en la Mesa General de Negociación Común de la Administración autonómica, establece también que la Junta implantará definitivamente la jornada de trabajo de 35 horas semanales para todo el sector público andaluz.

La implantación de las 35 horas supone el respaldo a los argumentos de la Junta de Andalucía, que siempre ha defendido que la regulación de la jornada laboral es una competencia propia de cada administración pública. Así lo ha reconocido el acuerdo estatal de 9 de marzo de 2018 para la mejora del empleo público, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que entró en vigor la pasada semana.

El acuerdo para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público ha sido suscrito por unanimidad por los sindicatos CSIF, UGT y CCOO y será de aplicación una vez lo ratifique el Consejo de Gobierno y se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en los próximos días. Las medidas acordadas beneficiarán a 270.000 empleados públicos, es decir, a la totalidad del personal del sector público andaluz.

El incremento salarial, en la nómina de julio
Junto a la jornada de 35 horas, otra de las medidas que tendrán efecto inmediato será el incremento del 1,5% de las retribuciones de todo el personal del sector público con efecto retroactivo desde el 1 de enero, subida que se percibirá en la nómina de julio, dos meses antes que el Estado. Esto supondrá la incorporación en la próxima nómina de una media de 211 euros en concepto de atrasos. Asimismo, una vez lo apruebe el Consejo de Ministros, se añadirá una subida del 0,25% adicional con efectos de 1 de julio.

Por su parte, en el año 2019 se aplicará una subida fija del 2,25% y en 2020 otra más del 2%. A esta cuantía se incorporará cada 1 de julio una subida adicional variable del 0,25% en 2018, 1% en 2019 y 1,25% en 2020, de modo que en el periodo 2018-2020 los empleados públicos se beneficiarán de un incremento del 7,25% en sus retribuciones, pudiendo llegar al 8,79% por aplicación de los fondos adicionales; ya que el acuerdo también contempla la generación de fondos adicionales hasta el máximo de lo permitido por la legislación estatal, equivalente al 1,35% de la masa salarial para atender sectores considerados de especial relevancia.

Estos fondos adicionales dedicados, entre otros destinos, a la recuperación de la carrera profesional en la sanidad, a la implantación de la Oficina Judicial o al desarrollo de un complemento específico en el ámbito docente, podrán suponer un incremento retributivo a concretar y definir en la Mesa Sectorial de Negociación correspondiente.

Además, por primera vez desde el año 2012, Andalucía generará empleo neto en el ámbito del sector público. En 2018, se ampliará la tasa de reposición del 100% a todos los sectores (hasta ahora limitada a educación y sanidad) y se sumará un 8% adicional para el refuerzo de plantillas, lo que permitirá frenar la pérdida de personal y la creación de empleo público estable y de calidad para que la dotación de recursos humanos sea suficiente y adecuada a las necesidades de los servicios públicos que presta la Junta de Andalucía.

Convocatorias de empleo público
En 2018, se convocarán 8.326 plazas de empleo público, de las que 3.618 serán para Sanidad y 2.397 para la Administración general, a las que se suman las 2.321 de Educación cuyo procedimiento selectivo se está ultimando en estos días. Asimismo, y con el fin de avanzar en la estabilización del empleo público se aprobará un nuevo decreto de oferta de empleo público extraordinaria, con otras 3.575 plazas para el presente año, elevando a 40.690 las plazas extraordinarias para la estabilización del empleo entre 2018 y 2021, por encima de las 37.115 previstas inicialmente.

Respecto a las medidas de conciliación, además de la equiparación progresiva de los permisos por maternidad y paternidad, el personal del sector público dispondrá de una bolsa de horas de libre disposición, acumulables entre sí y recuperables, de hasta un 5% de su jornada anual, para la atención de personas del entorno familiar, una medida que Andalucía amplía para el cuidado de hijos e hijas sin límite de edad y a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Asimismo, se generaliza la percepción del 100% de las retribuciones en los casos de baja por enfermedad, un derecho que había limitado el Estado en 2012 y que Andalucía había minimizado mediante un catálogo que iba actualizando de enfermedades exceptuadas.

Ahora también la Junta va más allá del acuerdo estatal, con la reducción de la jornada laboral para el personal que se incorpore a su puesto tras finalizar un tratamiento de quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento de especial gravedad.

Por otra parte, el acuerdo incorpora el compromiso de seguir trabajando en ámbitos como la implantación del teletrabajo en algunos sectores, la finalización de la jornada a las 18.00 y propiciar la desconexión digital y de las tareas del puesto de trabajo durante el tiempo de descanso de los empleados públicos.

Con el acuerdo firmado hoy, la Junta mantiene el diálogo social y la negociación colectiva para la defensa del empleo público en Andalucía, dando continuidad a los acuerdos suscritos en 2015 y 2016 para la recuperación de los derechos suspendidos por el anterior Gobierno central con motivo de la crisis económica.

En líneas generales, el nuevo acuerdo completa lo acordado a nivel estatal el pasado mes de marzo, llevando al máximo lo que permite la legislación, incorporando medidas innovadoras en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral y avanzando en la creación de nuevos empleos en el sector público.