Alcaldes del Partido Popular han registrado esta
mañana una petición dirigida a la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, por la que le exigen que deje sin efecto la orden del 27 de
junio de 2017 que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio, por la que se
“fuerza” a los ayuntamientos a adelantar el dinero para el pago de las
nóminas de los trabajadores de este servicio, “mientras que la Junta,
que es la administración que tiene las competencias, se quita el
problema de encima y pone condiciones a los ayuntamientos para
devolverles el dinero adelantado en esos sueldos”.

Además, los populares han presentado una iniciativa en el Parlamento de
Andalucía y la Diputación Provincial, que también se llevará hasta los
plenos de los ayuntamientos donde el PP tiene representación, instando a
la Junta de Andalucía a dejar sin efecto de inmediato la orden de 28 de
junio de 2017, por la que se modifica la orden de 15 de noviembre de
2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Así, piden que se consensue una nueva
con todas las corporaciones locales y con el propio colectivo que
trabaja en la Ayuda a Domicilio.

“No podemos consentir que Susana Díaz ponga encima de la mesa una orden
que modifica el convenio del pago de la Ayuda a Domicilio del año 2007,
un convenio que la Junta venía incumpliendo de manera reiterada pero
garantizaba el anticipo del dinero para los trabajadores de este
servicio”, ha defendido Marta Nievas, diputada provincial del PP en
nombre del grupo popular en la Diputación.

Nievas ha explicado que el Servicio de Ayuda a Domicilio es una
competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, pero con esta orden del
Gobierno andaluz los alcaldes se quedan “solos y absolutamente
desamparados”. “¿Por qué Susana Díaz no asume su responsabilidad? No
pedimos más que una Ley de Dependencia sostenible para Andalucía y
Granada, y que los dirigentes socialistas alcen la voz ante una decisión
completamente irresponsable”, ha planteado.

La nueva orden que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio entró en
vigor el 1 de julio de 2017 y condiciona a los alcaldes andaluces a que
adelanten con fondos económicos de sus respectivos ayuntamientos las
nóminas de los trabajadores del servicio. Además, les hacen unas
“exigencias administrativas sin precedentes” en el sentido de que deben
justificar en el plazo de cinco días las horas que han desempeñado estos
trabajadores para, cuando el Gobierno andaluz “decida y tenga a bien”,
desembolse el dinero a los ayuntamientos.

Marta Nievas ha tenido palabras de reproche para el presidente de la
Diputación, el socialista José Entrena, a quien ha exigido que encabece
las reivindicaciones hechas hoy por los alcaldes del Partido Popular,
“él que dice ser el alcalde de los alcaldes”. La diputada popular ha
informado de una reunión mantenida hace meses por Entrena con alcaldes,
técnicos e interventores municipales en la que dijo públicamente que la
orden de la Junta de Andalucía era “inviable”, pero “no dio ninguna
solución”.

“Ante este atropello al municipalismo y dejación de funciones para con
los alcaldes granadinos, José Entrena sigue silente y se cruza de
brazos, dejándolos desamparados”, ha criticado Nievas.

Por su parte, la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanesa García ha
informado que la petición de los populares se debatió en la comisión de
Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía de esta
semana, donde PSOE y Ciudadanos manifestaron su voto en contra,
justificándose en que “mejorará la financiación de los ayuntamientos”.

“El pago de la Ley de Dependencia por parte de la Junta debe hacerse a
mes vencido. La orden entró en vigor en julio y los ayuntamientos
andaluces aún no han percibido los pagos correspondientes a los meses de
julio y agosto. Que alguien nos explique cómo mejora así la financiación
de los ayuntamientos”, ha reclamado García.
La diputada autonómica ha ido más allá al afirmar que esta orden “pone
en peligro” la viabilidad del Servicio de Ayuda a Domicilio, puesto que
muchos ayuntamientos “no van a poder asumir las nóminas de los
trabajadores y, por ende, peligra la asistencia de los dependientes que
tienen el servicio adjudicado”.

En este sentido, el alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, ha
afirmado en nombre de todos los alcaldes populares presentes que, una
vez más, los ayuntamientos “nos estamos convirtiendo en el tapa
vergüenzas de la mala gestión del gobierno socialista en la Junta de
Andalucía”.

Narváez ha reiterado que la Junta de Andalucía “nunca” ha cumplido los
plazos establecidos por convenio para adelantar el dinero
correspondiente a la Ley de Dependencia. “Si anteriormente, los
ayuntamientos teníamos que recibir la financiación de manera adelantada
y no la recibíamos; ahora que esto se deroga, cuánto tendremos que
esperar los ayuntamientos para recibir el dinero que ya hemos adelantado
de las arcas municipales para garantizar el Servicio de Ayuda a
Domicilio”, ha planteado el primer edil.

El popular ha reivindicado, además, que al igual que la orden establece
un precio “máximo” para el pago del servicio también se establezca un
precio “mínimo” para dar “estabilidad y dignidad” para los trabajadores
de Ayuda a Domicilio. “Es un atentado contra la autonomía local, la
suficiencia presupuestaria y la autonomía autonómica de todos los
ayuntamientos”, ha apostillado Antonio Narváez.