La medida aprobada hoy por el pleno responde a un acuerdo firmado con los sindicatos para reducir el gasto, estabilizar la plantilla asistencial y mantener los centros sociales y los servicios públicos que presta a 450 personas
El pleno de la Diputación de Granada ha aprobado hoy modificar la estructura de los centros sociales de Armilla y de Huéscar para asegurar su mantenimiento y los servicios públicos que presta a 450 personas de la provincia. La propuesta responde a un acuerdo firmado en julio de 2016 con los sindicatos de la Diputación para garantizar el futuro de los centros y los servicios que presta, así como contar con el número de puestos de trabajo necesarios para prestar una atención adecuada a los usuarios y a sus familias, al mismo tiempo, hacer los centros sostenibles económicamente y más rentables socialmente.
El diputado de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, Manuel Gómez, ha señalado que los centros sociales “continúan con un sistema de gestión pública directa y con mantenimiento del empleo público, con el objetivo de hacerlos sostenibles y mejorar la atención y el servicio a los ciudadanos en condiciones de calidad”.
La modificación de la estructura de los centros sociales tiene por objeto hacerla más sostenible y operativa y reducir el gasto en cargos. Esta decisión forma parte de una serie de medidas que se irán adoptando para reducir el desequilibrio presupuestario existente en los centros, que asciende a 18 millones de euros.
Los centros sociales de Diputación tienen un coste anual de unos 23 millones de euros. En menos de un año, la institución ha logrado aumentar el número de plazas concertadas en 33. Este es precisamente uno de los objetivos del acuerdo firmado con los sindicatos, que establece, entre otras prioridades, mantener los servicios públicos que prestan los centros con la mayor calidad posible, de acuerdo con las ratios públicas, iniciar un proceso de mejora de sostenibilidad de los centros, establecer planes de formación para los trabajadores y poner en marcha medidas e inversiones encaminadas al ahorro energético.
La propuesta aprobada constituye un primer paso para reducir costes y hacer los centros más sostenibles. A esta circunstancia responde la racionalización general de la estructura de puestos de trabajo, así como la creación de departamentos específicos y la redimensión de la estructura organizativa.