La afectada, una mujer de 45 años que sólo ingresa los 426 euros de la ayuda por desempleo, tendrá ahora cuatro meses para negociar con la entidad bancaria
Cristina Bustos
El popular barrio de ‘La Fabriquilla’ de Motril se ha convertido en la mañana del jueves en escenario de lo que podría haber sido una tragedia para una familia cuyo desahucio estaba previsto para las 10,00 horas pero que se ha logrado paralizar gracias a la intervención de la Plataforma Stop Desahucios quien ha negociado un periodo de cuatro meses para que la afectada, una mujer de 45 años que no tiene más ingresos que los 426 euros de la ayuda por desempleo, pueda buscar una solución a esta situación.
Después de pagar durante 17 años el préstamo hipotecario de su vivienda y con una deuda restante de 29.000 euros, Ángeles Ruiz se vio en la necesidad de negociar con el banco una solución para poder seguir viviendo en su casa ante la imposibilidad de hacer frente a las mensualidades. El banco les ofreció hacer una gestión de compra-venta y poner el piso situado en la calle Doctor Tercedor a nombre de su hermano Víctor, un joven de poco más de 30 años con una minusvalía psíquica y física del 86 por ciento. Aquí comenzó el calvario para esta familia formada por el matrimonio, una hija madre soltera con una bebé de 19 años y el hermano minusválido de la mujer.
Así lo ha contado la portavoz de Stop Desahucios Salobreña, Carmen Guerrero, quien ha explicado que el caso les llegó el pasado miércoles y han trabajado a marchas forzadas para lograr que el banco paralizara el lanzamiento del desahucio –del que la familia tiene conocimiento desde el pasado mes de noviembre- y gestionar una alquiler social para Ángeles “o más bien para Víctor que es quien rezaba como propietario cuando el banco se quedó con el piso”.
Aunque han presentado el caso en el Tribunal Constitucional “Caja Rural no ha respetado los plazos para que el juez tome una decisión y ha decidido la ejecución del desahucio”, han continuado varios miembros de la Plataforma Stop Desahucios de Salobreña que ha contado con el apoyo de las de Granada y Almuñécar.
El banco, según palabras de los protestantes, ofrecía a Ángeles firmar un acuerdo en el que le ofrecían un plazo de tres meses para encontrar una solución “algo que no sirve porque en ese tiempo estaremos en el mismo lugar” pidiendo, en este sentido, un alquiler social: “No quiere dejar de pagar quiere algo que se adapte a sus ingresos”, ha comentado Guerrero. Estos son 426 euros al mes.
Así, después de que se presentaran en el lugar tres funcionarias del juzgado se ha logrado llegar a un acuerdo, sin la firma de ningún documento, para dar a esta familia un plazo de cuatro meses en los que negociar con la entidad bancaria y encontrar un alquiler social.
Las protestas han tornado en aplausos de alegría porque “ahora comenzaremos a trabajar con los medios que tenemos, que no somos ni violentos ni terroristas, para conseguir un alquiler para esta familia”, ha asegurado Guerrero Castillo. A pesar de las buenas noticias, los servicios sanitarios han tenido que asistir a la hija de la afectada que ha sufrido lo que parecía un ataque de ansiedad.