La lucha social de colectivos y ciudadanos en apoyo a esta familia ha conseguido detener el desahucio.
Vanesa y Omar, con sus cuatro hijos menores, se han visto envueltos en una situación delirante desde el día 3 de agosto que se encontraron cambiada la cerradura de su domicilio (propiedad del Banco Popular), quedándose dentro todas sus pertenencias.
Impotentes ante la situación que estaban viviendo decidieron luchar en la calle, desde la plaza de España, donde han estado durante varias semanas acampados reclamando su vivienda, han dado a conocer su situación y recabando el apoyo y la ayuda de colectivos sociales, movimientos ciudadanos y personas anónimas que han colaborado para encontrar una solución a su problema.
Finalmente, y con una gran presión social, el Ayuntamiento de Motril puso en marcha los procedimientos previstos para que la familia de Vanesa y Omar dispusieran de una vivienda mientras que continuaban con "su pelea frente a la justicia y los bancos".
Las múltiples gestiones realizadas en los Juzgados y en oficinas bancarias de Motril y Granada desvelaron que el desahucio se trataba de un “error” entre dos entidades bancarias: el Banco Popular y Bankia que, al parecer, se equivocó de piso para desahuciar.
"Un despropósito que pone de manifiesto no sólo la falta de sensibilidad social por parte de los bancos si no, sobre todo, el descontrol de las entidades financieras ante el increíble parque de viviendas de su propiedad: la gran banca acumula 63.000 millones en pisos y suelo embargados."
Según Izquierda Unida, la situación vivida por Vanesa y Omar ha puesto de manifiesto "la indefensión de los ciudadanos y ciudadanas más desfavorecidos ante los poderosos, especialmente frente a las entidades financieras, que actúan aprovechándose de todos los resquicios legales a su favor y que no encuentran la oposición frontal y decidida que resultaría necesaria por parte de las instituciones en un Estado de Derecho".
En la misma línea, Iu considera demostrada la importancia de la movilización social unitaria, "con el concurso de los colectivos antidesahucios, movimientos ciudadanos y organizaciones políticas para combatir estas situaciones y buscar, más allá de respuestas individuales, soluciones colectivas de carácter estructural que atajen de raíz la discriminación y la desigualdad entre las personas".