Agenda Cultural

Cuando se produce el relevo político en el gobierno de una institución asistimos ineludiblemente a la substitución de los llamados “cargos de libre designación”que cada político asigna a familiares, amigos y correligionarios. Tan inveterada costumbre en algunos casos llega a ser sorprendente pues no se trata de asesores de un determinado perfil sino de altos funcionarios que deben ser imparciales.

El pasado día 5 de mayo leíamos este titular: “El TSJA obliga a la diputación a elegir su secretario por concurso de méritos”. Cuando el PP accedió en 2012 al gobierno provincial, Sebastián Pérez se empeñó por interés personal en cambiar el concurso de méritos por el sistema de libre designación para colocar a “su candidato” alegando que era un cargo directivo de confianza para el que se requería un perfil y no un importante funcionario, como en realidad lo era. El Alto Tribunal, al contestar y dar la razón al recurrente, considera esta decisión contraria a derecho y poco motivada.

En enero de 2012 ya me pronuncié en contra de esta designación, y me alegro de que la justicia haya corroborado lo que era de sentido común: ¿puede imaginarse que el funcionario que vela por la legalidad en la institución sea designado por el dedo del presidente? ¿cabría hacer lo mismo con el interventor por ejemplo? Claro que no. Pues parece que no hay límite al poder del dedo y así no extraña que haya tantos casos de corrupción porque hasta los más altos funcionarios los ponen y quitan a su antojo lo políticos de turno como hizo el pluriempleado Don Sebastián Pérez, a la vez concejal, presidente de la diputación, senador y presidente del PP granadino.

A la hora de votar habría que recordar estas cosas.

JOSÉ MANUEL ONIEVA MARIEGES

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